>La protección de la infancia

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El pasado mes de junio, el Síndic de Greuges de Cataluña entregó en el Parlamento catalán el informe extraordinario “La protecció a la infància en situació d’alt risc social a Catalunya. Juny 2009”, de lectura obligada para conocer la situación de una parte importante de nuestra infancia, en el cual se detalla de manera pormenorizada todas los procesos que se llevan a cabo, y las actuaciones subsiguientes, en el ámbito de la protección a la infancia, a la vez que se extraen unas conclusiones y recomendaciones del Síndic de Greuges respecto de las deficiencias del sistema.
Además de los datos proporcionados por las memorias anuales de los diferentes organismos de la Generalitat de Catalunya relacionados con la infancia, se realizó una encuesta a los diferentes servicios del sistema de protección a través del envío de unos cuestionarios específicos según el tipo de centro, en total 158, con un grado de respuesta media del 85%.
De entre la gran cantidad de información suministrada, entresaco unas pocas de las muchas que se podrían comentar:
– El número de niños tutelados ha pasado de 5.881 en el 2002 a 7.450 en el 2008. Un incremento de más del 26%.
– El análisis estadístico de las encuestas refleja un déficit de planificación territorial de las plazas de los centros residenciales, la distribución de las cuales no parece seguir ni criterios de densidad demográfica ni de cantidad de casos atendidos por los EAIA (Equipos de atención a la infancia y la adolescencia)
– El 26% de los CRAE (centros residenciales) están sobreocupados.
– Según los datos aportados por los EAIA, el 3% de los niños atendidos (190 como mínimo) están pendientes de ingreso en un centro residencial por falta de plazas. En ocasiones, estos niños han de permanecer esperando en el mismo núcleo familiar del cual se les pretende proteger.
– El análisis comparativo de los recursos pone de manifiesto que Cataluña destina proporcionalmente menos recursos en protección social (17,7% del PIB) y en políticas de familia (0,8% del PIB) que la media española (20,3% y 1,1% del PIB, respectivamente) y europea (26,3% y 2,1% del PIB, respectivamente)
– Persisten problemas en la capacidad de algunos profesionales para reconocer los signos de maltrato infantil.
– A pesar de las mejoras en el ámbito de la coordinación interinstitucional y entre los diferentes servicios, aún se detectan casos de dificultades de trabajo en red y de comunicación. Son problemas que afectan tanto a los procesos de detección como a las primeras intervenciones de protección.
– Los equipos de atención primaria o los EAIA encuentran con frecuencia dificultades para conseguir una comunicación fluida y eficaz entre sí y con los profesionales de otros servicios. Estas situaciones tienen relación tanto con la falta de conocimientos como con la baja disposición a la colaboración.
– Existe un déficit de supervisión del proceso de estudio de la situación del niño. Los EAIA trabajan con frecuencia en una situación de aislamiento y no cuentan con el soporte técnico necesario para realizar los estudios en condiciones.
– Hay una clara insuficiencia de recursos residenciales dirigidos a adolescentes con trastornos mentales graves. La existencia de un único centro con 25 plazas es claramente insuficiente.
– Uno de los aspectos que ha puesto de relieve la realización de este informe es la deficiente información pública del sistema de protección a la infancia. La estructura de la información dificulta tanto la evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema como la posibilidad de realizar una correcta planificación y necesidades en el territorio.
Las recomendaciones del Síndic de Greuges van en la dirección de la dotación y adecuación de los recursos, el trabajo en red como requisito fundamental para la eficacia de la protección, mejora de la formación de los profesionales, reorganizar la protección a la infancia estableciendo competencias claras y eliminando duplicidades e interferencias, trabajar en la planificación territorial, mejorar y aumentar la implicación de la sociedad en la protección a la infancia, trabajar en la gestión de la información mejorando flujos y homogeneizando costes de los servicios de protección y por último, pero no menos importante, establecer con claridad y con la mayor amplitud los derechos de la infancia en los procesos de protección y reglamentar los procesos mismos.
La sociedad, cualquier sociedad, ha de darse cuenta que lo único que posee (en términos de esperanza) es su infancia. La sociedad que no se de cuenta de esto está abocada a su desintegración.
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